El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado como es el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo, se entiende en sentido positivo.

 

Esto significa que una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles desde la presentación de la solitud de ERTE sin haberse recibido notificación de la resolución de la Dirección General de Trabajo, la empresa puede considerar aprobada la solicitud por silencio administrativo positivo.

En relación con los efectos del silencio administrativo en los expedientes de regulación de empleo, ni el Estatuto de los Trabajadores, ni el Real Decreto 1483/2012, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, ni el nuevo Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de Marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, fijan las repercusiones del silencio administrativo por parte de la autoridad laboral, por lo que será de aplicación el régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado regulado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que, como regla general, considera el silencio como positivo, salvo las excepciones recogidas en dicho artículo que no son de aplicación al supuesto de los expedientes de regulación de empleo.

Por ello, una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles desde la presentación de la solitud de ERTE sin haberse recibido notificación de la resolución de la Dirección General de Trabajo, la empresa puede considerar aprobada la solicitud por silencio administrativo positivo.

A partir de ese momento, la empresa tiene un plazo máximo de 15 días para notificar al SEPE su decisión en cuanto a suspensiones de contrato o reducciones de jornada.

La notificación debe hacerse siguiendo las instrucciones emitidas por el propio SEPE.

Puede darse la circunstancia de que al SEPE llegue antes la comunicación de la empresa que la resolución de la Dirección General de Trabajo.

En este caso, el SEPE, antes de tramitar nada, comprobará con la propia Dirección General de Trabajo la realidad de la existencia de la solicitud de ERTE por parte de la empresa.

La empresa tiene también la obligación de notificar a la Seguridad Social las suspensiones de contrato y reducciones de jornada con sujeción a las instrucciones que han impartido ellos y que pueden verse en el siguiente enlace.